reciente anuncio del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler vacacional en edificios residenciales a partir de julio ha provocado numerosas opiniones en medios de comunicación canarios por parte de defensores, detractores y ‘medio pensionistas’ del alquiler vacacional. Aunque hablamos de territorios diferentes, se trata del mismo perro con distinto collar: Palma de Mallorca, 11.000 plazas en vivienda vacacional, 645 legales (solo el 5,8%); Canarias, 131.032 plazas, 18.440 legales (14%). En Canarias tenemos un decreto que permite esta actividad desde hace 3 años. ¿Y solo se ha dado de alta el 14% de la oferta? ¿De verdad?