La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno estatal contra la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias ha provocado un efecto perverso y contrario al fin perseguido por algunos empresarios turísticos de Gran Canaria, a los que parece que la más que imprescindible renovación de nuestra planta obsoleta les genera urticaria.