Las últimas semanas se han escuchado muchas voces alrededor de una misma idea: corredores turísticos. El concepto es simple y ya de todos conocidos, acuerdos entre países, con PCR en origen y en destino, para garantizar la seguridad de los propios turistas, así como de la población de países emisores y receptores. Llama la atención que los corredores se estén consolidando como alternativa para garantizar la actividad del sector a finales de septiembre, pese a ser una de las reclamaciones de la industria desde el inicio de la pandemia.
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A nadie se le escapa ya que el sector turístico ha sido de los más afectados por la COVID-19. La necesidad de activar un plan de rescate e impulsar el sector se había convertido desde hacía un tiempo en un deber de responsabilidad política para uno de lo de los sectores más relevantes de nuestra economía, tanto en porcentaje del PIB (12,3% en las últimas cifras publicadas para 2018), como en la cantidad de empleos que genera. La semana pasada, el Gobierno ha anunciado parte de dicho plan, en el que se van a invertir 4.262 millones de euros, una cifra que, aunque pueda parecer alta, resulta ciertamente insuficiente si tenemos en cuenta las pérdidas estimadas por el sector, de hasta 83.000 millones según datos de Exceltur.
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Los efectos de la enfermedad COVID-19 en la economía mundial ya se están dejando notar y, no cabe duda, de que éstos tendrán una incidencia aún mayor en el sector turístico, especialmente en el hotelero, con un impacto acorde a la magnitud de la propagación del propio virus, dada la excepcional situación en la que nos encontramos, nunca vista. Los analistas coincidimos: la recuperación se aleja de la forma en V ‒es decir, recuperación rápida, en forma de rebote, después de una caída igualmente veloz‒ y se acerca a una forma en U ‒que asegura un valle algo más largo de lo esperado, con pocos movimientos alcistas‒ adentrándonos en una más que posible recesión económica muy próximamente.
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