A nadie se le escapa ya que el sector turístico ha sido de los más afectados por la COVID-19. La necesidad de activar un plan de rescate e impulsar el sector se había convertido desde hacía un tiempo en un deber de responsabilidad política para uno de lo de los sectores más relevantes de nuestra economía, tanto en porcentaje del PIB (12,3% en las últimas cifras publicadas para 2018), como en la cantidad de empleos que genera. La semana pasada, el Gobierno ha anunciado parte de dicho plan, en el que se van a invertir 4.262 millones de euros, una cifra que, aunque pueda parecer alta, resulta ciertamente insuficiente si tenemos en cuenta las pérdidas estimadas por el sector, de hasta 83.000 millones según datos de Exceltur.
Debemos recordar que la crisis de la COVID-19 no solo ha supuesto el cierre total de las fronteras y de la actividad para el sector turístico, sino que, muy posiblemente, va a suponer un cambio de tendencia respecto a la movilidad nacional e internacional, así como de las modalidades de turismo elegidas. Las familias van a experimentar, asimismo, una reducción en su poder adquisitivo, lo que va a influir en el gasto medio en vacaciones. Cabe esperar también un cambio en las preferencias respecto a la movilidad, con mayor uso del vehículo privado en los traslados. Para atraer turismo internacional y nacional será necesario recuperar la confianza de los viajeros, con medidas de seguridad e higiene estricta y donde la realización de tests resultará clave.
El plan de rescate del Gobierno pretende paliar los efectos de dicho cierre y cambios de tendencias, así como estudiar y aplicar formas para atraer a los viajeros. Sin embargo, del presupuesto anunciado, más de la mitad ya se había lanzado con anterioridad y será instrumentado con cargo a las líneas de avales ICO. En concreto, el plan de rescate pretende centrarse en cinco ámbitos principales:
La efectividad de este plan dependerá en gran medida de varias acciones imprescindibles cuya aplicación están aún por confirmar y dónde destaca la falta de confirmación respecto a los ERTE, siendo uno de los mayores reclamos del sector su extensión hasta al menos diciembre. Para que las empresas puedan sobrevivir (y, por ende, mantener el empleo a largo plazo) es imprescindible que cuenten con mayor flexibilidad en el ámbito laboral.
Cabe destacar que, como hemos mencionado, la industria del turismo se enfrenta a un posible cambio de tendencia, y que, por tanto, debe tenerse en cuenta en las estrategias de atracción de viajeros. Este cambio de tendencia está directamente relacionado con la evolución en las investigaciones respecto a tratamiento efectivo y vacuna contra la COVID-19. Recordemos, además, la relevancia de que las instituciones públicas sean capaces de poder acordar con los países de origen de los turistas, sobre todo, los provenientes de la Unión Europea, la realización de tests. Una medida que permite ofrecer seguridad a todos los turistas.
Pero no son solo estas las acciones que el Gobierno podría poner en marcha para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19 sobre el sector turístico. Medidas como los incentivos fiscales (reducción o exoneración de impuestos), mecanismos alternativos a bonos canjeable que eviten la descapitalización de las empresas turísticas que deben hacer frente a devoluciones de consumidores, especificación del porcentaje de ayuda europea que recibirá el sector, incentivar el turismo interno a corto plazo o los acuerdos ya mencionados respecto a testeo dentro de la UE son solo algunas de las que ha venido reclamando el sector.
El desarrollo de las medidas que se pongan en marcha en los próximos meses serán vitales para la temporada de verano y el tiempo se está agotando. Con una inminente apertura de fronteras, y otros países de nuestro entorno en fases de desescalada más avanzada compitiendo por atraer a los turistas, urgen la implementación de medidas efectivas para reactivar el turismo, garantizando la seguridad de todos. Es el momento de salir al rescate del turismo.
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