La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno estatal contra la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias ha provocado un efecto perverso y contrario al fin perseguido por algunos empresarios turísticos de Gran Canaria, a los que parece que la más que imprescindible renovación de nuestra planta obsoleta les genera urticaria.
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La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana parece haberse colado entre nosotros sigilosamente sin darnos apenas cuenta, a pesar de que la regulación que contiene supone de hecho una gran innovación. Esta ley modifica y deroga un gran número de normas actualmente en vigor, es decir, que afecta a varias disposiciones legales que de manera directa o indirecta se relacionan con el urbanismo, el suelo y la edificación (la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley General Tributaria, el Real Decreto 6/2012 de protección de deudores hipotecarios sin recursos, etc.).
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