El pasado jueves, 21 de noviembre, dimos un paso importante en la estrategia de renovación de Puerto de la Cruz. Hoteleros, administraciones públicas, turoperadores, entidades financieras, agencias de viaje… En un mismo acto público, celebrado en el Hotel Tigaiga y ante los medios de comunicación, todos coincidimos en la necesidad vital de sentarnos en la primera fila de la modernización de un destino como este, pionero en el desarrollo turístico en Canarias. Mientras pensaba qué decir en esa rueda de prensa, me di cuenta de que en el fondo, aunque no es sencillo, se trata, si me permiten el símil, de un partido de fútbol, no cualquiera, eso sí, sino el de una final de la Champions League.
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La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana parece haberse colado entre nosotros sigilosamente sin darnos apenas cuenta, a pesar de que la regulación que contiene supone de hecho una gran innovación. Esta ley modifica y deroga un gran número de normas actualmente en vigor, es decir, que afecta a varias disposiciones legales que de manera directa o indirecta se relacionan con el urbanismo, el suelo y la edificación (la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Ordenación de la Edificación, la Ley General Tributaria, el Real Decreto 6/2012 de protección de deudores hipotecarios sin recursos, etc.).
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El texto de la Ley de Renovación y Modernización Turística ha venido al mundo no exento de polémica insularista, una desgracia más para estos lares. A pesar del eslogan Canarias: una tierra única, seguimos siendo siete, pequeñas y cabreadas cuando se trata de regular cualquier materia que suponga igualarnos por la base.
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