El presidente del Gobierno asegura que nunca ha habido tanta gente trabajando en España, llegando a esta conclusión a raíz de los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, que marcan un récord al rozar los 21,4 millones de ocupados. No seré yo quien dude de tan abultada cantidad, que como datos que son entiendo que serán impepinables, aunque supongo que también tendrá que ver la proliferación de los contratos fijos discontinuos, en los que el empleado no consta como parado en el período en que está recibiendo la prestación. Independientemente de ello, lo de “tanta gente trabajando” es una auténtica falacia y no hace falta buscar mucho en Google ni irse a estadísticas, basta con lo que uno ve en nuestros hoteles cuando, para un puesto en el que se necesitan dos personas acabas con seis contratadas por los sucesivos contratos de sustitución de la baja del que sustituía la baja del que sustituía la baja del que estaba inicialmente contratado. No es un trabalenguas, sino la pura realidad, por lo que algo falla en tan optimista lectura del señor Sánchez.

La incapacidad temporal es, por supuesto, un derecho que emana de las limitaciones que impiden desempeñar las funciones habituales del puesto de trabajo y que implica una prestación para cubrir las necesidades económicas que ocasionaría la pérdida de salarios por esa imposibilidad de trabajar. Pero como con todo derecho se puede dar (y se da) el abuso, aprovechándolo para resolver problemas de conciliación familiar o laborales, conseguir tiempo libre para necesidades personales, fastidiar a la empresa o al jefe…

Todos recordamos la estafa diarreica de los turistas británicos de hace ya unos años (ojo, que hay casos que siguen coleando), que en 2016 puso en juego la friolera de 60 millones de euros sólo en los hoteles de nuestro país y que en realidad llevaba ya varios años sucediendo, pero debido a ese anteriormente mencionado abuso al que somos tan proclives los humanos cuando vemos que algo nos funciona cayeron en el “tanto va el cántaro a la fuente” que final la situación se tornó insostenible y los hoteleros de España y otros destinos de sol y playa preferidos por los clientes de esa nacionalidad nos plantamos y logramos –con la inestimable ayuda de la patronal hotelera– que se involucraran los gobiernos de origen y destino y se tomaran, al fin, cartas en el asunto.

Lo que está en juego ahora mismo con este otro fraude –porque así se debe llamar al uso irracional y egoísta de un sistema que es de todos–  es mucho más que eso, pues además del perjuicio económico para las empresas y las arcas públicas estamos aumentando la presión asistencial y por tanto demorando y empeorando la atención requerida por los que realmente necesitan –necesitamos– beneficiarnos de este logro de la sociedad de bienestar. Cuando la gente se coge una baja sin realmente necesitarla aprovechando la facilidad que permite la sistemática actual no está sólo engañando a su empresa y a su país, también está sobrecargando a sus compañeros por la dificultad actual de encontrar personal –este problema es más internacional– para cubrir cualquier puesto, provocando además una desmotivación mayúscula y una frustración en el resto del personal porque, como casi siempre, pagan justos por pecadores.

España lidera el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa, y en el primer trimestre de este año la tasa de absentismo laboral en Canarias ha alcanzado el  8.2%, la tercera mayor del país y con un aumento interanual de 1,7 puntos. Es hora de que los gobiernos, las empresas, los sindicatos y toda la parte social –concepto del que se han intentado apropiar estos últimos, pero que en realidad somos todos– nos pongamos todos a una y busquemos fórmulas para atajar esta situación que a nadie beneficia, salvo a la hora de dar cifras de población activa en el Telediario.

Dejemos de alardear de la gente que trabaja y consigamos que lo haga de verdad.

 

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Fernando Josa Marín es director de hotel

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