Repensar el turismo

El principio de unidad de explotación: la última frontera del turismo (y 2)

17 Nov , 2026  

En el anterior post publicado ayer en este blog hablábamos de qué circunstancias llevaron a Canarias en 1995 a crear, en el marco de la Ley Orgánica de Ordenación del Turismo, la figura del PUE (Principio de Unidad de Explotación), qué problemas venía a solucionar y también algunos abusos cometidos en esos años desde su aprobación. Asimismo, hacía un breve recorrido histórico por el desarrollo de la actividad turística, desde la irrupción del fenómeno de la Vivienda Vacacional, el primer decreto de 113/2015 que aprobaba un reglamento de este modelo y el crecimiento descontrolado a partir de entonces, favorecido por el auge de las plataformas digitales. Ello dio pie al crecimiento de una oferta turística ilegal en complejos extrahoteleros, que incumplían claramente las exigencias del PUE.

Llegados a 2026, nos encontramos ante una situación complicada que se resume en los siguientes aspectos:

  • Propietarios de unidades alojativas que reclaman el derecho a vivir en sus propiedades, aunque estén ubicadas en complejos turísticos extrahoteleros.
  • El Gobierno de Canarias que, en cumplimiento de la normativa vigente, debe sancionarlos por no atenerse al deber de uso turístico que rige en esos complejos.
  • Un crecimiento importante del número de unidades alojativas que se comercializan individualmente en dichos complejos como viviendas vacacionales con total impunidad.
  • Una presión social creciente por la masificación turística y por la reducción de vivienda para uso residencial.

En la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, el artículo 23 determina la obligación de atenerse al uso turístico tanto de la parcela, como del inmueble construido sobre ella con una licencia turística. Además, el titular del establecimiento turístico deberá hacer constar en el Registro de la Propiedad el uso al que están destinadas la parcela y el inmueble. De esta manera, el nuevo comprador de una unidad alojativa no podría alegar desconocimiento de dicha restricción en el uso de la unidad que iba a comprar.

Frente a esta situación generada, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, ha anunciado la publicación de un borrador de Decreto con el que pretende reformular el PUE para corregir algunos de estos errores manifestados.

Por cierto, a este proceso se nos ha invitado a las cuatro patronales hoteleras de Canarias y a otros colectivos que representan intereses colectivos turísticos, y no solo a Ashotel, como algún partido político ha estado diciendo recientemente en medios de comunicación. Ashotel ni influye ni presiona al Gobierno de Canarias en modo alguno, ni tiene trato de favor frente a otros agentes sociales. Se nos ha compartido un borrador de decreto, al igual que al resto y al cual hemos formulado nuestras propuestas de mejora desde un punto de vista técnico y jurídico.

Desde 2017, con la aprobación de la Ley del Suelo de Canarias, se introdujo una nueva Disposición Transitoria (7ª) en la Ley 2/2013 que favorece a quienes pudieran acreditar que con anterioridad al 1 de enero de 2017 ya residían en esas unidades alojativas y se les consolidaría el uso residencial. Es decir, podrían residir en ellas y nadie los podría echar. Esto abre una posibilidad clara a muchos titulares de unidades alojativas que hayan estado haciendo, con anterioridad a dicha fecha, un uso residencial de su unidad.

El Gobierno nos ha trasladado que su intención es aprobar dicho Decreto de reforma del PUE, probablemente, antes de que acabe el año 2026 y tras el envío de varios informes por nuestra parte y tras mantener varias reuniones de trabajo conjunto se han ido aceptando algunas de las propuestas realizadas, como corresponde a cualquier ámbito de colaboración público-privado.

Por tanto, todo lo que se ha comentado hasta ahora es la necesidad de contar con una normativa que proteja el uso turístico de establecimientos que fueron concebidos para dicho uso. El hecho de que existan propietarios individuales de unidades alojativas en dichos complejos no le resta ni modifica el uso principal de dicho establecimiento, porque como ocurre en cualquier sector económico, se necesitan normas que regulen y establezcan límites razonables al ejercicio de dicha actividad.  Y ya ha habido algunas sentencias de la Sala de lo Contencioso del TSJC que respaldan la limitación de uso al derecho de propiedad y a la comercialización individual de unidades alojativas que establece el PUE, en aras del interés general, en complejos extrahoteleros (por citar dos; STSJ ICAN 4314/2025 y STSJ ICAN 3661/2025).

Recientemente, el pasado 14 de octubre se rechazó en el Parlamento de Canarias una Proposición de Ley presentada por los grupos parlamentarios de PSC, Nueva Canaria y Vox, que pretendía alterar, con solo dos artículos, el uso especializado del suelo en el ámbito turístico. De haberse aprobado, hubiera supuesto que no habría prácticamente diferencia entre el uso turístico y residencial, pudiendo quebrarse esa necesaria especialización del suelo.

Ya hemos visto lo que ocurre en edificios residenciales donde ha irrumpido de forma importante la vivienda vacacional, ¿verdad? Pues claramente la turistificación de edificios residenciales, que ha conducido a problemas de convivencia, generación de molestias, denuncias entre vecinos… Pues aquí sería igual, pero en el sentido contrario, es decir, la residencialización de complejos turísticos. Esto supondría la pérdida de muchos complejos extrahoteleros dedicados a la actividad turística y, con ellos, muchos empleos de quienes trabajan en ellos. Creo sinceramente que quienes han planteado esta PPL no han calibrado bien sus efectos negativos y que, por querer favorecer a una minoría, no se ha calculado la gran afectación negativa a una gran mayoría.

En definitiva, creo honestamente que este borrador de Decreto que el Gobierno de Canarias ha elaborado es un intento de dar solución a una situación complicada de ordenación del uso del suelo y ante la cual no cabe la inacción o actuar solo con intereses partidistas o electorales.

Todos los implicados en este problema merecen una solución en sus legítimas reivindicaciones, pero tengo igualmente claro que el problema de la vivienda en Canarias difícilmente va a tener solución desde el ámbito turístico de forma exclusiva.

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Juan Pablo González es economista, abogado no ejerciente y director gerente de Ashotel

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