Permítame comenzar esta carta pública felicitándola por su admirable capacidad de síntesis conceptual. Declarar las viviendas vacacionales como “actividad clasificada inocua” es, sin duda, un hallazgo semántico digno de estudio. “Inocuas”. Es decir, tan inofensivas como una tila antes de dormir o como el sonido del mar en una app de meditación.
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La reciente publicación de los datos de recaudación del IGIC en Canarias confirma una realidad que muchas veces olvidamos: el turismo no solo llena hoteles y playas, sino que es el motor que sostiene la economía del Archipiélago. En los primeros cinco meses de este año 2025, la Hacienda canaria ha ingresado 1.175 millones de euros, un 6% más que el año anterior. Esta cifra, que puede parecer fría, refleja en realidad algo muy concreto: cada café servido en una terraza, cada noche de hotel, cada entrada a un parque temático o cada coche de alquiler contribuyen de forma directa a financiar los servicios públicos de las islas.
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Esta semana la arrancamos con el siguiente titular: ‘Los turistas están detrás de una de cada tres infracciones en espacios protegidos’. Lo primero que pensé, como seguramente muchas personas, es que las otras dos infracciones las provocan entonces los residentes, que se supone que somos los primeros interesados en cuidar nuestro territorio. Pero claro, culparnos a quienes residimos en Canarias, que votamos, no queda bien en boca de nuestros dirigentes públicos, que ahora parecen preocupados por el descontento social tras décadas de inacción en Tenerife, una isla que sobrepasa la obsolescencia y la saturación en muchas de sus infraestructuras, que tiene un déficit enorme de vivienda, que cuenta con sus principales vías de comunicación colapsadas, que permite que el 40% de la canalización del agua se desperdicie por unas viejas infraestructuras, que tiene un transporte público deficitario… pero no, la culpa es del turista.
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