Desde el año 2014, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) vienen advirtiendo de la necesidad de complementar las medidas ordinarias de actuación sobre el tipo de interés oficial de los Bancos Centrales con la implementación de mecanismos que posibiliten reformas estructurales por parte de los países miembros, como elemento esencial para que el crédito fluya hacia las empresas y familias y, por ende, se genere crecimiento.