En un país donde las empresas de carácter familiar (pequeñas y medianas empresas en su mayoría) suponen casi el 90% del tejido empresarial del país, y son estas responsables de más del 65% del empleo que se genera, con una aportación superior al 57% de su Producto Interior Bruto, resulta incomprensible no encontrar, tras analizar la crisis financiera que hemos dejado atrás, ninguna medida desarrollada por las autoridades públicas que podamos decir que haya sido crucial para la continuidad y supervivencia de las empresas, como sí ocurrió en el caso del sector financiero y las administraciones públicas.