Repensar el turismo

A propósito del modelo turístico (II)

9 Abr , 2024  

Abordaba en la primera parte de esta amplia reflexión que publico en El blog de Ashotel en torno al debate suscitado en torno al modelo de desarrollo de Canarias cómo hemos llegado, desde mi punto de vista, a esta situación y qué variables entiendo que entran en juego. En esta segunda parte me detendré a analizar aspectos relacionados con la falta de vivienda, la presión del territorio o la distribución de la riqueza, entre otros, para en un post final abordar algunas soluciones.

No comparto la idea de quienes manifiestan que la falta de vivienda en Canarias se debe, exclusivamente, al alquiler vacacional. El problema es más complejo. Indudablemente, la aparición y crecimiento de esta modalidad ha estado en la ecuación de la reducción de oferta de viviendas para uso residencial por su tránsito a la actividad turística, pero no es la única culpable. Desde 2017 hasta finales del 2023, el crecimiento de la oferta de VV ha sido superior al 60% hasta llegar a las más de 220.000 plazas actuales, y aunque sabemos que no todas ellas se comercializan por el ‘efecto llamada’ que generó el anuncio, por parte del Gobierno de Canarias, de la ley de uso turístico de las viviendas, forman parte de ese censo a través de la presentación de la declaración responsable. Estas camas representan, para hacernos una idea, el equivalente a 440 hoteles de 500 plazas cada uno, es decir, unas 250 habitaciones por hotel.

¿Alguien se ha parado a pensar cuál habría sido la respuesta social si se hubiera hecho el anuncio de construir 440 nuevos hoteles en Canarias en los últimos 20 años? Pues lo cierto es que esos 440 hoteles ‘se han construido’, de forma dispersa, en edificios, casas aisladas, pareadas, urbanizaciones, pero esas camas están en la oferta turística del archipiélago y se añaden a las actuales 372.000 camas hoteleras y extrahoteleras existentes.

Es cierto que en su origen las viviendas vacacionales se presentaron como un modelo de participación ciudadana en el turismo, complementando sus rentas con el alquiler de pisos o apartamentos. Y así parece que sigue siendo en el 49% de los casos, pero la irrupción de plataformas online y la expectativa de rápidos beneficios ha atraído a un gran número de operadores, lo que explica el rápido crecimiento de esta oferta.

¿Alguien se ha parado a pensar cuál habría sido la respuesta social si se hubiera hecho el anuncio de construir 440 nuevos hoteles en Canarias en los últimos 20 años?

Además, la ausencia de planes de promoción de vivienda pública en Canarias ha mermado la oferta de este tipo de vivienda social a la que podría acceder una parte de la clase trabajadora. Pero también la maraña normativa en que se ha convertido el urbanismo en Canarias desincentiva a cualquier promotor privado a construir viviendas, por lo que el mercado ha permanecido con una oferta “estable” frente a una demanda que no ha parado de crecer. El resultado ya lo conocemos: alza de los precios medios de alquiler y de compraventa. No ha sido hasta 2024 que el Gobierno ha lanzado un decreto para buscar medidas urgentes que permitan movilizar más viviendas públicas y privadas hacia el mercado de alquiler.

A esto hay que sumarle los problemas generados por la Ley de la Vivienda de mayo de 2023 y que provoca al propietario tenedor de viviendas muchas dudas acerca de sus derechos, especialmente en caso de conflictos con el inquilino, principalmente por impago. Y si el propietario no tiene claro la defensa de sus derechos, tiene dos opciones: o se va al alquiler vacacional o, si se lo puede permitir, deja la vivienda vacía. Según diferentes portales, en Canarias se da la paradoja que, frente a una gran demanda de vivienda, hay casi 200.000 vacías.

El pasado 4 de abril se presentó el borrador de Ley de Uso Turístico de las Viviendas en Canarias, impulsado por la Consejería de Turismo. Este proyecto de norma pretende controlar el exponencial crecimiento de las viviendas vacacionales desde una óptica territorial y, como era de esperar, la sola presentación del borrador ha tenido una contestación por parte del colectivo de las viviendas vacacionales y también de sectores afines.

Sobre la presión del territorio

Este es otro elemento de la ecuación. El suelo turístico planificado en Canarias ocupa algo más del 4% (300 kilómetros cuadrados) de la superficie total del archipiélago (7.450 kilómetros cuadrados). Es cierto que los turistas no permanecen encerrados en esos 300 km2 durante su estancia, sino que se mueven, junto con los residentes, a lo largo y ancho de las islas, visitando espacios naturales, lugares de interés paisajístico o cultural, las playas, montes, etc. de cada isla donde pernoctan. Esto genera presión sobre el territorio y con un modelo muy arraigado y poco sostenible, porque se hace mayoritariamente en vehículo privado en detrimento de una oferta pública de transporte de calidad y en cantidad suficiente, congestionando más carreteras no diseñadas para soportar dicho tráfico.

Este movimiento de turistas y residentes genera episodios como los vividos esta pasada Semana Santa de 2024 en los montes y las playas de Anaga en Tenerife, en donde se produce una invasión sin control de vehículos particulares, caravanas y autocaravanas que hacen imposible disfrutar del entorno y la naturaleza de la zona y, por supuesto, la circulación de las guaguas de transporte público.

Sobre la distribución de la riqueza

Este es otro de los grandes temas que conforman el debate sobre el modelo turístico. Quienes afirman que el sector alojativo debe distribuir más los beneficios de su actividad, me gustaría abundar en varios conceptos. En primer lugar, el beneficio empresarial es el resultado de la actividad generada por el empresariado y se calcula como la diferencia entre ingresos y gastos, después de liquidar los correspondientes impuestos (directos e indirectos). Entre los gastos de cualquier empresa se encuentran los de personal, que retribuyen, precisamente, el trabajo de quienes prestan sus servicios en ella. El incremento de los salarios, en el sector alojativo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se discute entre la patronal y los sindicatos en las mesas negociadoras del convenio y son los actores legitimados de ambas partes quienes pueden pactar condiciones laborales y salariales con los incrementos salariales que son de aplicación.

Se puede discutir si hay que subir más los salarios y ahora mismo estamos inmersos en una negociación que podría tener como conclusión una subida por encima de lo pactado en el convenio vigente, pero son los representantes de quienes trabajan en el sector y los representantes de los empleadores los que negocian, no las opiniones o recomendaciones de terceros que no participan en la negociación colectiva.

También un importante elemento para la distribución de la riqueza es la gestión de impuestos que pagan los diferentes sectores que tiene que hacer el sector público. Con la recaudación tributaria es con lo que se financian los servicios públicos que necesitamos en nuestra sociedad y las políticas redistributivas de la renta. A modo de ejemplo, en 2023 el gasto turístico ascendió a 20.334 millones de euros. Solo el IGIC correspondiente que ingresó el gobierno de Canarias por ese importe fue de 1.423 millones de euros.

El sector turístico canario aporta a las arcas públicas una cantidad superior a los 3.400 millones de euros anuales en forma de impuestos directos e indirectos, algunos de los cuales los ingresa el Estado y otros, la propia comunidad canaria. Esta cifra, por compararla – solo a efectos de magnitud -, con el importe de los presupuestos de Canarias de 2024, que ascienden a 11.301 millones, representa un importe equivalente al 28% del total. Podemos discutir si esta cantidad es suficiente o no, pero lo que no cabe duda es que la aportación del sector turístico es fundamental para la financiación del estado de bienestar que disfrutamos.

Si comparamos la aportación del turismo a la actividad económica de Canarias en 2023 con otros sectores, ésta es indiscutible: PIB turístico (37,8%), PIB del sector público (21,7%), PIB industrial (3,0%), PIB sector primario (1,9%).

Son los representantes de quienes trabajan en el sector y los de los empleadores los que negocian, no las opiniones o recomendaciones de terceros que no participan en la negociación colectiva

Sobre la diversificación económica

Se trata, sin duda, de otro de los temas que están en el debate. Se habla de los peligros del monocultivo y de la dependencia del turismo. Y es cierto, pero no es al sector turístico, al menos a la parte empresarial, a quien que le corresponde diversificar la economía canaria. Y desde luego, no se diversifica la economía canaria haciendo más pequeño el sector turístico, sino apostando por otros sectores para que sean más grandes y aporten más.

Plantear propuestas para la diversificación económica es una responsabilidad principalmente pública y de quienes toman las decisiones de política económica en nuestra comunidad. Y les adelanto que no es una empresa fácil. Los países, territorios y otras unidades económicas de menor tamaño se especializan en aquellas actividades en las que tienen una ventaja competitiva, es decir, que les ofrece alguna posición de ventaja respecto al resto de competidores.

En Canarias, el clima, el paisaje, la naturaleza nos han otorgado una posición de privilegio frente a otros destinos turísticos. Por eso, precisamente, hay que preservar, cuidar y proteger el entorno sobre el que se asienta la principal actividad económica del archipiélago. El ser un destino a media distancia (4-5 horas) de Europa frente a los destinos de Caribe o Asia, nos ha otorgado una posición de privilegio para los mercados europeos. Y, por supuesto, el ser un destino europeo en el que los turistas se pueden manejar en su moneda y tener seguridad física y sanitaria a nivel europeo, entre otros atractivos.

¿Y qué otras actividades tienen cabida en nuestra economía? La respuesta no es fácil, pero me atrevo apuntar las siguientes:

1) Seguir impulsando la industria agroalimentaria para hacer más competitivo el sector agrícola (Entre 2010 y 2021 se han perdido 2.200 hectáreas de cultivo en Canarias).

2) Aprovechar el potencial que ofrece la Zona Especial Canaria, ZEC –con lo que costó que la aprobaran– para ser sede de empresas de servicios financieros globales que vean en Canarias un atractivo para asentarse dada su baja fiscalidad.

3) Exportar conocimiento turístico; tenemos que aprender a vender mucho mejor lo que sabemos hacer

4) Desarrollar una mayor alianza entre los centros de investigación públicos y privados y el desarrollo de actividades empresariales; el desarrollo de empresas de base tecnológica puede facilitar la exportación de esos servicios.

En el último post de esta serie que publico mañana me aventuraré a proponer algunas soluciones que, desde mi punto de vista, no serán las únicas ni las mejores, pero considero que pueden contribuir a buscar una salida que nos beneficie a todos.

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Juan Pablo González es economista y director gerente de Ashotel

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