El pasado 31 de diciembre pasado entró en vigor la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, una norma que manifiesta o declara tener ambiciosos objetivos, entre ellos clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones; racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local; garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso; favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas; o modificar el régimen del personal al servicio de las administraciones locales.