Varias son las noticias que han salido en los medios locales y nacionales cuestionando la utilización de determinado productos de cobertura −swaps y otros derivados− tanto por administraciones públicas, como concesionarios, agentes y empresas privadas. No será objeto de este artículo evaluar la idoneidad y conveniencia de casos específicos, sino poner de manifiesto que dichos productos existen por razones ampliamente justificadas, y que utilizados correctamente pueden ser determinantes a la hora de garantizar la viabilidad de los proyectos de inversión y/o empresas.
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Retomaremos este mes uno de los tantos elementos que se señalaban como clave en el post anterior para consolidar la actividad turística en los próximos años, como es el papel de las Administraciones Públicas (AAPP) en el desarrollo turístico. Mucho se podría hablar sobre este aspecto y del abanico de medidas que se podría adoptar por partes de estas y que podrían incluir bonificaciones, licencias, incentivos fiscales, regulación, PMM (planes de modernización y mejora), etc.
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El pasado 31 de diciembre pasado entró en vigor la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, una norma que manifiesta o declara tener ambiciosos objetivos, entre ellos clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones; racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local; garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso; favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas; o modificar el régimen del personal al servicio de las administraciones locales.
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