Retomaremos este mes uno de los tantos elementos que se señalaban como clave en el post anterior para consolidar la actividad turística en los próximos años, como es el papel de las Administraciones Públicas (AAPP) en el desarrollo turístico. Mucho se podría hablar sobre este aspecto y del abanico de medidas que se podría adoptar por partes de estas y que podrían incluir bonificaciones, licencias, incentivos fiscales, regulación, PMM (planes de modernización y mejora), etc. No obstante, en un escenario postcrisis como el actual, con una demanda elevada de gasto social por parte de las AAPP, nos limitaremos a describir a continuación alguna de las actuaciones con un impacto nulo en los presupuestos de las AAPP con el objeto de evitar suspicacias entre otros agentes ajenos al sector turístico/hotelero. Pero antes quiero aprovechar para aclarar el error populista extendido entre la sociedad cuando se interpretan algunas bonificaciones, exenciones y colaboraciones con el sector hotelero como una discriminación con el resto de sectores y a favor de empresarios, obviando el desarrollo económico que genera el turismo en términos de empleo y actividad, tanto de forma directa como indirecta, máxime en un territorio como Canarias, donde este sector supone entre el 30%-40% de la riqueza y empleo generado, multiplicando su empuje a otros sectores.
De forma generalizada, en todas las regiones de España se formalizaron hace ya unos años unas líneas de crédito entre los gobiernos locales y determinadas entidades financieras para canalizar el crédito hacia el sector turístico y financiar proyectos de inversión, con especial atención, en el caso de Canarias, a aquellos que favorecieran la renovación y mejora de los espacios turísticos. No obstante, al igual que en otras Comunidades Autónomas, este tipo de actuaciones, si bien canalizó crédito a determinado proyectos hoteleros, dejó al margen a otros que no alcanzaban los estándares de riesgo y rentabilidad definidos de manera genérica por las entidades financieras. La alternativa para estos últimos era la de abandonar sus planes de inversión/modernización o barajar la posibilidad de fuentes de financiación alternativas. Mención especial tendrá, en siguientes publicaciones en este blog, la necesidad de que las AAPP comiencen realmente a apoyar al sector a través de mecanismos de desintermediación bancaria, evitando que sean en la práctica las entidades financieras las que decidan qué proyectos de inversión salen adelante y cuáles no.
Es la inversión en infraestructuras y/o proyectos estratégicos en determinadas zonas de manera indirecta por parte de las Administraciones Públicas la actuación que nos gustaría destacar hoy. Con este tipo de colaboraciones entre el sector público y el sector privado (colaboración público-privada o PPP), las AAPP consiguen que se inyecten fondos para realizar una inversión que éstas no podrían realizar en el actual escenario de déficit y restricciones presupuestarias a las que están sometidas por parte del Gobierno Central, generando así riqueza y actividad en la zona. Asimismo, posibilita en muchos de los casos una gestión más eficiente de los proyectos/infraestructuras, al delegar en agentes privados expertos y con economías de escala en la materia.
Muchas son las formas y alternativas de este tipo de colaboración PPP, que va desde la mera gestión a aquellas concesiones que incorporan la financiación y construcción. A nivel insular destaca el uso para financiar proyectos estratégicos y emblemáticos con gran capacidad para generar riqueza y de dinamización comercial en la isla que ha hecho el Cabildo de Tenerife, como ha sido la construcción del centro insular del motor, el nuevo muelle de Puerto de la Cruz y, recientemente, la licitación de la remodelación para su posterior explotación en régimen de arrendamiento de un activo tan emblemático como es el Hotel Taoro del Puerto de la Cruz. Sin embargo, este tipo de actuaciones no se circunscriben necesariamente al ámbito insular, sino que se dan a menor escala institucional y magnitud de inversión. Tal es el caso de determinadas concesiones que, a solicitud e iniciativa previa por parte de empresarios turísticos de la zona, han impulsado algunos ayuntamientos para la construcción y gestión de aparcamientos, adaptación de playas y gestión de los servicios de las mismas, así como paseos marítimos y centros de ocio con zonas comerciales deprimidas.
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Johanna Prieto González es la responsable del departamento de Finanzas Corporativas de Cross Capital (@CrossCapital)
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